Atento la falta de respuestas, las y los trabajadores del sector decidieron no realizar tareas fuera de sede la tercera semana de marzo, como así tampoco las diligencias en zonas vacantes en aquellas oficinas en las que se adeuda la movilidad por tal concepto.

Durante la reunión realizada el pasado miércoles 24 de febrero, que contó con una importante participación de las y los trabajadores de las oficinas de Mandamientos y Notificaciones y Juzgados de Paz, se debatió sobre la situación de emergencia que atraviesa el sector respecto de las condiciones laborales y los peligros a los que se exponen durante el desarrollo de su labor.

Entre las cuestiones más importantes se puso de manifiesto la gravedad de la situación originada en varias de las oficinas por la demora injustificable (en algunos casos de cinco meses) en que incurre la Suprema Corte en el pago de la movilidad por cobertura de zona vacante y diligencias realizadas en días y horas inhábiles. Esa demora trae aparejado que las y los trabajadores deban destinar parte de sus salarios para realizar las diligencias, haciéndose cargo de obligaciones inherentes al empleador.

Respecto de esta cuestión es necesario destacar que la falta de personal producida como consecuencia de las vacantes no cubiertas, se vio agravada por la ausencia de las y los trabajadores dispensados por integrar grupos de riesgo o encontrarse a cargo del cuidado de hijas e hijos.

A fin de darle visibilidad a este reclamo, se resolvió llevar adelante una medida de retención de tareas a partir del 1 de marzo en reclamo del pago de la movilidad por zonas vacantes en aquellas oficinas en que se registran demoras en el pago de dicha movilidad. La medida consiste en no realizar las diligencias correspondientes a dichas zonas hasta tanto la Suprema Corte no regularice el pago de las sumas adeudadas.

Asimismo, entre otros reclamos se destaca la falta de actualización del monto de la movilidad fija -congelado en 580 pesos desde enero de 2020-, que ha sufrido un serio deterioro ante la fuerte suba del precio de los combustibles, que en la actualidad ronda el 40%. Ante la insuficiencia de la movilidad para afrontar el gasto por diligenciamiento durante todo el mes, y en reclamo de respuesta a las otras demandas realizadas, las y los trabajadores del sector decidieron además implementar una medida de retención de tareas fuera de sede en todas las oficinas de la provincia, en la que no se realizarán diligencias en la semana comprendida entre el 15 y el 19 de marzo. También se acordó que la cantidad de días mensuales con medidas de fuerza se incrementará gradualmente en el caso de no recibir respuesta a los reclamos planteados.

Por último, desde la Comisión Provincial de Mandamientos y Notificaciones de la AJB, destacaron que “desde hace varios años las y los trabajadores del sector vienen llevando adelante una intensa lucha en reclamo de demandas históricas, las cuales fueron plasmadas en el petitorio firmado por más de seiscientos compañeros y compañeras en octubre de 2017. Si bien se han logrado algunos avances, aún quedan pendientes de resolución muchas de las demandas de dicho petitorio y algunas situaciones se han agravado como consecuencia de la pandemia por COVID-19”. “Para encontrar respuesta a estas demandas, es necesario que tengamos la capacidad de organizarnos colectivamente y dar la pelea que la actual coyuntura demanda”, agregaron.