El Senado de la Nación convirtió en ley el “Aporte extraordinario de las grandes fortunas”, medida redistributiva reclamada por el conjunto de las organizaciones sindicales y que debe marcar el camino hacia una necesaria reforma tributaria en el ámbito nacional y provincial.

Con 42 votos a favor y 26 en contra, la Cámara alta del parlamento nacional aprobó el pasado jueves el denominado aporte extraordinario de las grandes fortunas. Esta ley alcanzará a unas 12.000 personas físicas (algo más del 0,02% de la población) con patrimonios declarados mayores a 200 millones de pesos, quienes realizarán por única vez un aporte para paliar las consecuencias económicas de la pandemia.

Se calcula que la medida permitirá recaudar unos 300 mil millones de pesos, que serán destinados exclusivamente al refuerzo del sistema sanitario, financiar becas para estudios secundarios, mejorar la infraestructura de los barrios populares e incentivar la exploración de gas natural.

La Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina acompañaron la iniciativa y reclamaron el avance del trámite legislativo, ya que constituye un hecho positivo y concreto para que las consecuencias de la crisis económica no recaigan nuevamente en las espaldas de las y los trabajadores, en un año signado por importantes conflictos gremiales para sostener el poder adquisitivo de los salarios.

Entendemos que esta iniciativa constituye un paso adelante que debiera ser acompañado por un debate serio e integral sobre la necesidad de reformar un sistema tributario regresivo e injusto, en el que aportan más los sectores con menores ingresos a través de impuestos al consumo popular o mediante las retenciones de “ganancias” sobre los salarios, y proporcionalmente menos quienes concentran la mayor parte de la riqueza en nuestro país.

Ese mismo debate debe generarse de manera urgente en la Provincia de Buenos Aires, donde sólo la incorporación de recursos fiscales obtenidos a partir de reformas tributarias de carácter progresivo permitirá avanzar hacia un proceso de jerarquización de los salarios en el Estado provincial y en particular de las y los trabajadores judiciales, así como la ampliación de las partidas presupuestarias para que el Poder Judicial pueda brindar una respuesta rápida e integral para garantizar los derechos del conjunto de la población.

Para el funcionamiento del sistema judicial bonaerense se trata de un debate con una actualidad acuciante, ya que las sucesivas crisis económicas y cuestionables decisiones sobre las prioridades en la asignación de los recursos fueron reduciendo progresivamente la participación del Poder Judicial en el gasto total del Estado. La mejor muestra de ello es que el proyecto de ley de presupuesto 2021 asigna el porcentaje más bajo de los últimos veinte años, alcanzando apenas el 3,93% del total presupuestado para el próximo ejercicio.

Por su parte, debemos seguir con atención las acciones del llamado poder real, que seguramente intentará valerse de la intervención de algunos magistrados y magistradas para evitar el avance de regulaciones con contenido redistributivo como la que se acaba de sancionar.

Celebramos la sanción de la ley y reclamamos la apertura de los debates necesarios, con participación protagónica de las y los trabajadores, que permitan avanzar hacia un Estado con recursos suficientes y una sociedad más justa.